El diputado nacional de VOX por Asturias, José María Figaredo, registró ayer en el Congreso una Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal.

El objeto de esta proposición, recogido en la exposición de motivos, no es otro que tratar de «impedir que tanto los okupas como los inmigrantes que han entrado en España y residen de forma ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de esta forma de los derechos que ello le concede».

La provincia de Huelva sufrió la ocupación de 150 viviendas en 2021; este año destaca el caso de la residencia de verano de una familia en El Rompido, o el infierno que viven los vecinos de la calle Tharsis en la capital onubense desde hace años,  con amenazas de muerte, destrozo de vehículos estacionados, ruidos de madrugada y todo tipo de calamidades que hacen imposible el desarrollo de una vida normal. En ambos casos, el equipo de VOX en la provincia ha apoyado públicamente a las familias afectadas y ha denunciado la inacción de la Administración ante estas dramáticas situaciones.

El documento recuerda asimismo que «España está sufriendo una de las mayores crisis de inmigración ilegal de los últimos años. Las cifras llegadas de inmigrantes ilegales desde el año 2018 se han incrementado exponencialmente respecto a los años anteriores».

En el primer semestre de 2019, Huelva acogió la mayor cifra de inmigrantes de fuera de España de su historia. La importancia del sector agrícola en la provincia onubense, aunada con su localización geográfica, da como resultado la llegada masiva de inmigrantes cada año, motivando que, en municipios de Huelva-Costa y del Condado, los vecinos afirmen la existencia de una creciente inseguridad en las calles y se incremente el número de viviendas ocupadas.

La Proposición de Ley refleja que «una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, por lo paradójico que resulta, es el hecho de que tanto un okupa como un inmigrante ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal como residentes del inmueble usurpado o de ese municipio, puesto que ningún precepto legal lo impide», puesto que «aquel que comete este acto antijurídico se puede ver recompensado por todos los derechos que lleva aparejado el empadronamiento».Por tanto, VOX presenta esta iniciativa con el objetivo de «evitar estas incoherentes situaciones y que, en el caso en el que la inscripción se pretenda sobre bien inmueble, sea un requisito adicional a los contemplados en el artículo 16 la aportación de justo título sobre la vivienda o la autorización del propietario poseedor con justo título para el empadronamiento. Y, para el caso de las personas que residan ilegalmente en España, se hará constar expresamente esta situación de ilegalidad en el padrón municipal». En ese sentido, «se establece que las inscripciones en el padrón municipal realizadas sin justo título o autorización del propietario serán nulas ex tunc, sin que en ningún caso los okupas puedan beneficiarse de los derechos que otorga la condición de vecino».